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Arturo Murillo estaría brindando información valiosa y eficaz para disminuir su condena en EEUU, estimó este lunes desde Miami el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien dijo que esa negociación permitida por la justicia estadounidense, podría explicar el diferimiento de la audiencia del exministro de Gobierno para el 9 de julio.  

La autoridad, entrevistada en el programa 180, de radio Patria Nueva, ratificó que el Estado boliviano iniciará en breve, con apoyo de una firma de abogados estadounidenses, una acción civil para recuperar más de $us 2,3 millones apropiados por la red de corrupción integrada por Murillo y otras personas por concepto de sobornos y lavado de dinero.

“La estrategia del señor Murillo que es la de, me imagino, tratar alguna reducción de su condena, si se da el caso, ya que los elementos conducen a que efectivamente habría conocido esos delitos que se le acusan”, dijo el Procurador.

“Si existe alguna sindicación adicional a las personas ya involucradas, se van a hacer conocer por los conductos oficiales, no podríamos nosotros especular en este momento sobre que personas más estarían involucradas. Pero si se negocia algo sin duda puede darse alguna idea de que él pueda dar tal vez a conocer otras personas más que hubieran participado de los delitos que hemos mencionado, podría ser eso u otra información valiosa”, manifestó.

El sistema estadounidense y del distrito de la Florida permite ese tipo de negociaciones  a objeto de aclarar el caso y, “si es información valiosa, puede rebajar años de condena si colabora eficazmente a la justicia”, añadió.

La audiencia para definir el futuro de Arturo Murillo, exministro de Gobierno del régimen de facto de Jeanine Áñez, por el caso de lavado de dinero y soborno, estaba prevista para este lunes pero fue postergada hasta el 9 de julio.

Por otra parte, Chávez dijo que el Gobierno, por instrucción presidencial, iniciará en los siguientes días una acción civil ante la justicia de EEUU para la recuperación de los $us 2,3 millones defraudados por la red integrada por Murillo y otras personas.

Esta demanda también incluirá otro monto económico exigido por concepto de daños y perjuicios ocasionados al pueblo boliviano ya que el dinero usado en la corrupción proviene de los recursos fiscales.